La libertad también responde:

La democratización comunicativa constituye una conquista histórica que no debemos minimizar. En México había, al cierre de 2025, alrededor de 110 millones de personas conectadas a internet y 99 millones de identidades activas en redes sociales; YouTube registraba un alcance publicitario estimado de 85 millones de usuarios (Kemp, 2025). Lo que alguna vez exigió frecuencias radioeléctricas, imprentas, estudios de televisión o corporaciones editoriales cabe hoy en un teléfono.

Pero semejante expansión modificó algo más profundo que la infraestructura: alteró la distribución social del poder comunicativo.

El Digital News Report 2026 muestra hasta qué punto esa mutación dejó de ser periférica. En México, 66% de los encuestados declara utilizar semanalmente redes sociales para informarse, mientras la confianza general en las noticias cayó a 31% (Gutiérrez Rentería & Flores-Heymann, 2026). A escala internacional, 27% de las personas obtiene información semanalmente de creadores especializados en noticias y 46% consume algún tipo de información producida por creadores; se les percibe como más cercanos y comprensibles que los medios tradicionales, aunque también como menos confiables e imparciales (Newman, 2026).

La consecuencia es incómoda: el creador dejó de ser únicamente alguien que publica contenidos. Se convirtió, en muchos casos, en una institución comunicativa unipersonal.

Cuando la voz adquiere peso

Una expresión no cambia necesariamente de naturaleza moral porque aumente su audiencia, pero sí cambia su capacidad de afectación.

Hans Jonas comprendió con enorme anticipación este problema al advertir que el desarrollo tecnológico había modificado la naturaleza misma de la acción humana. Las éticas tradicionales habían sido pensadas para acciones próximas, cuyos efectos podían reconocerse dentro de límites espaciales y temporales relativamente identificables. La técnica hizo posible que una decisión localizada produjera consecuencias remotas y acumulativas. Cuando aumenta el poder de la acción, sostenía Jonas, aumenta también el horizonte de responsabilidad que debe acompañarla (Jonas, 1984).

Trasladado al ecosistema de plataformas, esto significa que debemos comenzar a hablar de una escalabilidad ética de la influencia.

No es equivalente lanzar una expresión discriminatoria durante una conversación privada que hacerlo ante una comunidad de tres millones de seguidores. La frase puede ser idéntica, pero la infraestructura que la transporta no lo es. La repetición algorítmica, la edición en fragmentos, la reacción de comunidades afines y su posterior transformación en meme pueden extender durante días una afectación que nació en segundos.

Entonces aparece el verdadero problema: la influencia es poder simbólico acumulado.

Un creador no alcanza millones de personas por azar permanente. Construye progresivamente familiaridad, credibilidad y pertenencia. Quien lo sigue aprende su tono, reconoce sus códigos e incorpora parte de su mirada a la interpretación cotidiana de la realidad. La relación termina excediendo el contenido específico. Se consume también a la persona como instancia de confianza.

Roger Silverstone llamó mediapolis al espacio moral construido por los medios donde comparecen constantemente conocidos y extraños. Su preocupación no consistía únicamente en saber qué imágenes circulaban, sino qué clase de relación con el otro producían esas mediaciones. La distancia tecnológica podía acercarnos a un sufrimiento distante o convertirlo simplemente en espectáculo. La cuestión moral estaba en aprender a conservar una “distancia adecuada” que permitiera reconocer al otro sin apropiarse de él ni borrarlo (Silverstone, 2007).

Las plataformas han complicado todavía más esa distancia. El otro puede convertirse en tendencia antes de recuperar su condición de persona.

Aquí reside uno de los límites más peligrosos de la cultura influencer: confundir autenticidad con exención moral.

“Así hablo”, “era una broma”, “es solamente mi opinión” parecen argumentos suficientes mientras olvidamos que, cuando la espontaneidad genera ingresos, deja de pertenecer exclusivamente al ámbito privado. La expresión monetizada entra también en una economía política de la atención.

IAB estimó que sólo en Estados Unidos la inversión publicitaria asociada con creadores alcanzaría 37 mil millones de dólares en 2025 y podría llegar a 44 mil millones en 2026. Casi la mitad de los compradores de publicidad encuestados ya considera a los creadores un canal indispensable (Interactive Advertising Bureau [IAB], 2025).

La influencia tiene precio.

Y cuando una marca paga por amplificar una voz porque conoce su capacidad de persuasión, no puede fingir después que esa dimensión simbólica nunca formó parte de la transacción.

Patrocinar también comunica.

No significa hacer responsable a una empresa de cada frase futura de un creador. Significa asumir que financiar influencia exige debida diligencia. También las plataformas deben abandonar la cómoda ficción de ser simples tuberías. Sus sistemas seleccionan, recomiendan, jerarquizan y monetizan. Participan activamente en la arquitectura de la visibilidad.

Por eso la responsabilidad no puede concentrarse exclusivamente en quien aparece frente a la cámara. Circula con el mensaje.

La plaza que también debe aprender a responder

Hay algo todavía más preocupante. Buena parte de quienes hoy poseen enorme capacidad de influencia llegaron a ese lugar sin haber tenido contacto alguno con discusiones sobre derechos de las audiencias, verificación, privacidad o reparación.

No porque carezcan de una licenciatura en Comunicación. Ése sería un argumento corporativista y profundamente equivocado.

El problema es otro.

UNESCO estudió en 2024 a 500 creadores de contenido procedentes de 45 países. El 62% reconoció que no realizaba una verificación sistemática antes de compartir información; 42% utilizaba likes y visualizaciones como indicador de credibilidad. Sin embargo, 73% expresó interés en recibir formación en alfabetización mediática e informacional (UNESCO, 2024).

La cifra permite desmontar una falsa disyuntiva. No necesitamos profesionalizar obligatoriamente la expresión pública. Necesitamos alfabetizar el poder de comunicar.

Una certificación voluntaria para creadores podría adquirir sentido precisamente ahí. No como licencia para hablar, sino como constancia de que quien ejerce influencia comercial ha recibido formación elemental para comprender las consecuencias de su actividad. Marcas y agencias podrían incorporarla como indicador dentro de sus procesos de contratación. Las plataformas, antes de habilitar ciertas modalidades de monetización o transmisión masiva, podrían ofrecer un breve Pacto de Responsabilidad Comunicacional que sustituyera las interminables condiciones jurídicas que nadie lee por una interfaz pedagógica comprensible.

La premisa sería sencilla: esta herramienta amplifica su voz; también puede amplificar el daño que produzca.

Paul Ricoeur permite ir todavía más hondo. Su reflexión sobre el sujeto capaz vincula identidad, acción e imputabilidad: puedo reconocerme como autor de mis actos y, precisamente por ello, responder por ellos (Ricoeur, 1992). Una cultura de la responsabilidad necesita conservar ese vínculo entre acción y autoría. La arquitectura digital tiende, paradójicamente, a romperlo. “Lo dijo el algoritmo”. “Lo recomendó la plataforma”. “Lo produjo la IA”. “Lo compartieron mis seguidores”.

La responsabilidad comienza a evaporarse entre intermediarios.

Y aquí la inteligencia artificial introduce una fractura adicional.

Tres de cada cuatro compradores de publicidad con creadores consultados por IAB utilizaban o planeaban utilizar IA en estas actividades; al mismo tiempo, 95% manifestaba alguna preocupación por sus implicaciones, especialmente por la pérdida de conexión humana (IAB, 2025). Ya tenemos sistemas capaces de redactar guiones, fabricar imágenes, clonar voces, personalizar mensajes y producir versiones casi infinitas de una misma pieza.

La pregunta “¿quién dijo esto?” pronto resultará insuficiente.

Tendremos que saber quién inició la cadena, qué modelo intervino, quién decidió publicarla, qué sistema amplificó su circulación, quién obtuvo beneficio económico y qué mecanismos de reparación quedaron disponibles para la persona afectada.

La corresponsabilidad se vuelve así humana, corporativa y agéntica.

Además, la IA ya participa directamente en nuestra comprensión de lo público. El Digital News Report 2026 registra que 10% de los usuarios consultados emplea semanalmente chatbots para acceder a noticias; entre los más jóvenes la proporción alcanza 17%. Sólo 20% de la población general dice confiar en las noticias proporcionadas por esos sistemas, aunque entre quienes ya los utilizan la confianza asciende a 44% (Ross Arguedas, 2026). La intermediación ya no ocurre únicamente entre creador y audiencia. Empiezan a instalarse agentes sintéticos entre ambos, reinterpretando, resumiendo y contextualizando aquello que alguien dijo.

Por eso el Estado tampoco debería limitarse a vigilar. Su tarea democrática más importante estaría en alfabetizar. No necesitamos un ministerio de la verdad. Necesitamos ciudadanos capaces de reconocer una manipulación sintética, exigir rectificaciones, comprender por qué determinada pieza llegó hasta su pantalla y distinguir popularidad de credibilidad.

Y las audiencias tampoco permanecen fuera de la ecuación.

Cada reproducción alimenta una medición. Compartir distribuye. Celebrar normaliza. La vieja recepción se ha convertido en una participación distributiva. No somos culpables de lo que otro dice, pero sí somos capaces de decidir qué discursos ayudamos a circular.

Durante años pensamos los derechos comunicativos preguntándonos quién podía hablar. La pregunta fue indispensable porque frente al poder concentrado de los medios era necesario ampliar las voces. Ahora que millones pueden emitir, necesitamos añadir otra pregunta sin traicionar la primera: ¿quién está dispuesto a responder por la potencia que adquiere su palabra?

Una sociedad libre no necesita creadores domesticados, plataformas convertidas en tribunales ni gobiernos administrando opiniones. Necesita sujetos capaces de reconocer que detrás de cada perfil existe alguien que puede ser herido; que detrás de cada métrica hay una comunidad de personas y que detrás de cada recomendación algorítmica opera una decisión sobre aquello que merece hacerse visible.

La cámara seguirá encendida.

Ojalá aprendamos que encenderla no significa solamente conquistar el derecho a ocupar la palabra. Significa aceptar que alguien, al otro lado de la pantalla, recibirá aquello que hagamos con ella.

Y entonces la libertad dejará de parecerse a la ausencia de límites para recuperar su significado más humano: la capacidad de elegir nuestra palabra y tener la dignidad de responder por sus consecuencias.

Referencias

Gutiérrez Rentería, M. E., & Flores-Heymann, B. (2026). Mexico. En Digital News Report 2026. Reuters Institute for the Study of Journalism. Fuente

Interactive Advertising Bureau. (2025). 2025 Creator Economy Ad Spend & Strategy Report. IAB. Fuente

Jonas, H. (1984). The imperative of responsibility: In search of an ethics for the technological age. University of Chicago Press.

Kemp, S. (2025). Digital 2026: Mexico. DataReportal. Fuente

Newman, N. (2026). How news creators are impacting politics and media around the world. En Digital News Report 2026. Reuters Institute for the Study of Journalism. Fuente

Ricoeur, P. (1992). Oneself as another (K. Blamey, Trans.). University of Chicago Press.

Ross Arguedas, A. (2026). Emerging uses of AI chatbots for news and what it means for journalism. En Digital News Report 2026. Reuters Institute for the Study of Journalism. Fuente

Silverstone, R. (2007). Media and morality: On the rise of the mediapolis. Polity Press.

UNESCO. (2024). Behind the screens: Study on digital content creators’ practices and challenges. UNESCO. Fuente