Cuando el guardián se queda con las llaves: ¿quién regula al regulador?

Dr. Jorge Alberto Hidalgo Toledo, Human & Nonhuman Communication Lab, Facultad de Comunicación, Universidad Anáhuac México.

Antes de discutir quién debe regular la comunicación, conviene formular una pregunta más incómoda: ¿quién regula al regulador? Una democracia madura no teme esa pregunta. La necesita, porque el poder más delicado no siempre es aquel que censura abiertamente; en ocasiones es el que aprende a hablar en nombre de nuestros derechos mientras concentra la facultad de interpretarlos. Los derechos de las audiencias dejan de ser plenamente ciudadanos justo en el instante en que las personas dejan de ser sus titulares y comienzan a convertirse en el argumento que legitima la intervención de otro.

México se encuentra precisamente ante ese dilema. Desde el 27 de julio y hasta el 21 de agosto de 2026, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones mantiene abierta la consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, derivados del nuevo marco legal de telecomunicaciones y radiodifusión. La propuesta contempla códigos de ética, defensorías, mecanismos para presentar inconformidades y obligaciones destinadas a distinguir información, opinión y publicidad. La Presidencia ha sostenido que no pretende sancionar contenidos ni convertir al Estado en árbitro de la verdad. Las sanciones, ha explicado, recaerían sobre incumplimientos administrativos. Las críticas, sin embargo, se han concentrado en otro punto: cuánto margen interpretativo pueden abrir conceptos como veracidad, diferenciación editorial o información descontextualizada y qué podría ocurrir si alguna autoridad futura decidiera utilizar esa ambigüedad en contra de un medio incómodo.

No es una discusión menor. Tampoco admite simplificaciones partidistas. Defender los derechos de las audiencias es indispensable. Defender la libertad de expresión también. Pretender que ambos principios son adversarios revela una comprensión empobrecida de la democracia.

El guardián frente al espejo

Los derechos de las audiencias son una conquista civilizatoria porque desplazan la comunicación de una lógica centrada exclusivamente en emisores hacia otra donde también importa la dignidad de quien recibe, interpreta, cuestiona y responde. Una audiencia no es mercado cautivo ni agregado estadístico. Tampoco debería ser entendida como una población intelectualmente incapaz que necesita un tutor permanente que decida por ella.

El contexto vuelve todavía más delicada cualquier ampliación de las capacidades regulatorias. México cerró 2025 con 104.9 millones de personas usuarias de internet, equivalentes al 86.1% de la población de seis años o más. La conectividad rural alcanzó 75.2%, mientras en las zonas urbanas llegó a 88.9% (INEGI, 2026). La ciudadanía comunicativa mexicana habita ya, en buena medida, dentro de un ecosistema digital permanente.

Pero estar conectado no significa necesariamente estar mejor informado. El Digital News Report 2026 reporta que la confianza general en las noticias en México cayó cinco puntos porcentuales hasta ubicarse en 31%, su nivel más bajo desde 2017; 45% de las personas encuestadas señala que evita las noticias algunas veces o con frecuencia y 66% utiliza semanalmente redes sociales para informarse (Gutiérrez Rentería & Flores-Heymann, 2026).

Aquí aparece la verdadera grieta. No vivimos únicamente una crisis de información. Vivimos una crisis de mediación.

Hannah Arendt comprendió algo que hoy adquiere una pertinencia incómoda. En Truth and Politics distinguía la verdad factual de la opinión política. Las opiniones pueden confrontarse legítimamente, pero necesitan un suelo de hechos que permita la existencia de un mundo compartido (Arendt, 2006). El problema surge cuando alguien concentra simultáneamente el poder de intervenir en la conversación y la capacidad de determinar cuáles son las condiciones aceptables de aquello que puede ser dicho.

Por eso una democracia no puede descansar en las buenas intenciones de quienes gobiernan hoy. Tiene que construirse pensando también en quienes podrían gobernar mañana.

La propia arquitectura institucional merece entonces ser observada sin prejuicios, pero también sin ingenuidad. La CRT se define oficialmente como un órgano administrativo desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con independencia técnica, operativa y de gestión. No se trata de afirmar automáticamente que dicha condición implique subordinación editorial. Sería intelectualmente deshonesto hacerlo. Pero tampoco estamos frente a un organismo constitucional autónomo separado del Ejecutivo, y esa diferencia vuelve legítima una interrogante sobre los mecanismos externos de supervisión, evaluación y rendición de cuentas.

Pierre Rosanvallon llamó contrademocracia al conjunto de prácticas mediante las cuales la sociedad vigila al poder, lo somete a escrutinio y le exige permanentemente justificar sus decisiones (Rosanvallon, 2008). La desconfianza democrática, en este sentido, no constituye una patología. Puede ser una virtud cívica cuando se institucionaliza como vigilancia ciudadana.

Por eso preguntar quién regula al regulador no significa rechazar la regulación. Significa democratizarla.

Y hacerlo resulta particularmente sensible en un país donde ARTICLE 19 documentó 451 agresiones contra la prensa durante 2025, aproximadamente una cada veinte horas, además de siete periodistas asesinados. El dato no demuestra que los nuevos lineamientos sean instrumentos de censura. Sí demuestra que cualquier mecanismo susceptible de generar presión adicional sobre el ejercicio periodístico debe diseñarse con controles especialmente estrictos (ARTICLE 19, 2026).

Porque una norma puede haber sido concebida para proteger y, bajo otra correlación política, utilizarse para intimidar. Las instituciones democráticas no deberían depender de la virtud de quien temporalmente las administra.

La conciencia no se delega

Algo similar ocurre con la conversación que el Gobierno federal ha abierto sobre pantallas, plataformas digitales y redes sociales entre niñas, niños y adolescentes. Los riesgos existen y negarlos sería irresponsable. UNESCO reportó en marzo de 2026 que 114 sistemas educativos, equivalentes al 58% de los países, ya habían adoptado prohibiciones nacionales al uso de teléfonos móviles en las escuelas. Pero la misma organización advierte algo mucho menos repetido en el discurso público: prohibir dispositivos no resuelve por sí mismo el problema digital; las escuelas siguen siendo uno de los espacios fundamentales para aprender a evaluar información, administrar el tiempo de pantalla y comprender los riesgos de las plataformas (UNESCO, 2026).

Ahí debería situarse el corazón de cualquier política pública seria.

La pregunta no es simplemente cuánto prohibir. Es qué capacidades estamos construyendo después de restringir.

Porque un ciudadano protegido de todo riesgo termina siendo también un ciudadano sin experiencia para ejercer su libertad. La autonomía se forma practicando el juicio, aprendiendo a reconocer el engaño, confrontando argumentos y comprendiendo las arquitecturas invisibles que organizan aquello que vemos.

Y entonces aparece la inteligencia artificial.

Por primera vez en la historia de la comunicación masiva, la intermediación informativa comienza a desplazarse hacia sistemas capaces de responder, resumir, jerarquizar y reconstruir discursivamente la realidad. En 2026, el 10% de las personas encuestadas en 48 mercados ya utilizaba semanalmente chatbots de IA para acceder a noticias; entre menores de 35 años la cifra alcanzaba 16%. Al mismo tiempo, redes sociales y plataformas de video se convirtieron en la vía más extendida de acceso a noticias en línea, alcanzando 54% de los participantes del estudio (Reuters Institute, 2026).

Esto modifica radicalmente la pregunta regulatoria.

¿Quién protege a la audiencia cuando el mediador ya no es solamente un periodista? ¿Quién responde cuando un sistema sintético reconstruye una noticia, mezcla fuentes, omite contexto o presenta como respuesta coherente una afirmación falsa? ¿Quién audita los criterios mediante los cuales los algoritmos jerarquizan el mundo?

Luciano Floridi ha insistido en que la IA introduce una forma inédita de agencia sin inteligencia humana equivalente, capaz de producir efectos significativos sin poseer conciencia moral sobre ellos (Floridi, 2023).

Tal vez por eso la discusión mexicana corre el riesgo de mirar demasiado hacia la radio y la televisión mientras la esfera pública se desplaza hacia otro sitio.

Un modelo verdaderamente contemporáneo de derechos de las audiencias debería fortalecer defensorías independientes, incorporar observatorios académicos plurales, obligar a transparentar criterios regulatorios y ofrecer mecanismos públicos de revisión de las decisiones de la propia autoridad. También tendría que ampliar la conversación hacia plataformas y sistemas algorítmicos sin convertir esa ampliación en una licencia para controlar discursos.

Pero, sobre todo, tendría que invertir masivamente en ciudadanía.

Alfabetizar ya no significa enseñar a utilizar dispositivos. Significa enseñar a reconocer quién habla, desde dónde habla, qué intereses sostienen esa voz y qué arquitectura tecnológica decidió colocarla frente a nuestros ojos. Significa aprender a dialogar también con una inteligencia artificial sin entregarle nuestra soberanía cognitiva.

Hay algo profundamente humano en ello. La conciencia no puede tercerizarse. El juicio moral no debería delegarse al gobierno, al medio ni al algoritmo porque, cuando una sociedad renuncia a interpretar por sí misma, termina también renunciando silenciosamente a una parte de su libertad.

Los derechos de las audiencias pertenecen a las audiencias. El Estado debe garantizarlos sin apropiárselos; los medios deben respetarlos sin administrarlos a conveniencia; las plataformas tendrán que responder por las arquitecturas que condicionan nuestra visibilidad. Y nosotros tendremos que abandonar la comodidad de sentirnos únicamente protegidos para asumir la responsabilidad más difícil: convertirnos verdaderamente en ciudadanos.

Quizá la medida más profunda de una democracia no sea cuántas voces consigue regular, sino cuántas conciencias logra formar para que nadie pueda regularlas desde dentro.

La próxima vez que alguien prometa protegernos de aquello que podemos escuchar, ver, preguntar o creer, convendría no responder inmediatamente con miedo ni con obediencia. Hagamos primero la pregunta que conserva abierta la puerta de la libertad: ¿quién vigilará a quien dice estar vigilando por nosotros, y qué estamos dispuestos a hacer para que ese poder siga perteneciendo a la ciudadanía?

Referencias

Arendt, H. (2006). Between past and future: Eight exercises in political thought. Penguin Classics.

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. (2026, 6 de mayo). Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia. Informe anual 2025.

Castillo Jiménez, E. (2026, 4 de agosto). Sheinbaum replica ante las críticas de censura por su iniciativa de nuevas reglas al derecho de las audiencias. El País.

Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. (2026, 24 de julio). CRT abre consulta pública sobre lineamientos de derechos de las audiencias. Gobierno de México.

Floridi, L. (2023). The ethics of artificial intelligence: Principles, challenges, and opportunities. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198883098.001.0001

Gutiérrez Rentería, M. E., & Flores-Heymann, B. (2026). Mexico. En Digital News Report 2026. Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025. INEGI.

Reuters Institute for the Study of Journalism. (2026). Digital News Report 2026. University of Oxford.

Rosanvallon, P. (2008). Counter-democracy: Politics in an age of distrust (A. Goldhammer, Trans.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511755835

UNESCO Global Education Monitoring Report. (2026, 17 de marzo). Phone bans in schools are spreading worldwide as the policy debate rages on. UNESCO.